Durante muchos años, por fuerza de la tradición familiar, practiqué catolicismo culinario: bagna cauda en semana santa, huevos de chocolate en pascua y pan dulce en navidad. Pero lo único que me indigestó fue tragarme el sapo de que en nuestra Constitución se haya infiltrado una cláusula que obliga al Estado a sostener a la religión católica apostólica romana.
Desde hace mucho tiempo las circunstancias políticas nos fueron acostumbrando a esa amalgama entre religión y nación (Loris Zanatta habla del mito de la “nación católica”). Con paciencia y con saliva, la Iglesia defendió sus dogmas atacando a gobernantes de pensamiento libre, como Alfonsín, porque permitió el divorcio vincular, o Roca, porque instituyó el matrimonio civil y la educación universal, gratuita y laica. El rencor de la Iglesia es tan duradero que alcanza a Rivadavia, porque llevó a cabo una moderada separación entre Iglesia y Estado. No es casual que los apóstoles de la ultraderecha católica, con el famoso Jauretche a la cabeza, promotores del llamado “revisionismo histórico”, apuntaran especialmente contra Rivadavia, frente a caudillos como Facundo Quiroga, cuyo lema era, claro, “religión o muerte”.El quiste implantado en el cuerpo civil creció por obra y gracia de los dictadores-generales-presidentes que abundaron en nuestra historia. Todos los golpes de Estado fueron apoyados por la Iglesia. El general Uriburu dio el primero de la serie (golpe de 1930) e instauró un régimen nacionalista católico de ultraderecha. El general Ramírez (golpe de 1943) introdujo la enseñanza religiosa en la escuela pública. El general Perón, partícipe de todos esos golpes de Estado, fue continuador del régimen filonazi del general Ramírez (ya reemplazado por el general Farrell), hasta que se distanció de la Iglesia por problemas de alcoba, y tomó pueriles medidas de provocación (introducción del divorcio, supresión de la enseñanza religiosa, quema de iglesias), con la consecuencia de que terminó derrocado (golpe de 1955) por Lonardi, otro general nacionalista católico. El general Onganía (golpe de 1966) aspiraba a establecer en la Argentina un régimen similar al de Franco en España, de estrecha alianza entre uniformados y purpurados, y con gran ceremonia consagró el país a la Santísima Virgen María. El general Videla (golpe de 1976) era lo que se llama “católico de comunión diaria”, lo que le valió un cálido y duradero acompañamiento de la Iglesia.
Mantenida con impuestos que pagamos los argentinos, la Iglesia conspiró durante años contra gobiernos elegidos por los argentinos, y apoyó a dictaduras que oprimieron a los argentinos. Si consideramos que la Constitución ordena sostener a la religión católica, puede parecer paradójico que la Iglesia haya asumido posturas agresivas hacia los gobiernos constitucionales. Pero no hay tal paradoja. El brevísimo resumen del párrafo anterior, que podría enriquecerse con infinitos datos complementarios (pero entonces habría que escribir un libro), demuestra que la coyunda religión-Estado no se basa en la norma constitucional sino en las afinidades ideológicas.
Las tradiciones históricas relatadas fueron llevando a que, para sostener a la religión católica, el Estado argentino destine una suma inconmensurable, es decir, imposible de mensurar debido a la gran dispersión de gastos por subsidios y prebendas. Se malgasta así un dinero que podría aplicarse, entre otras cosas, a mejorar la situación de los pobres. De esa cifra, en este año 2018 en que estoy escribiendo, y en valores de la fecha en que se aprobó el Presupuesto, más de seis millones de dólares fueron destinados a mantener obispos, esos mismos obispos que, alimentados por el Estado a costa de los pobres, dan discursos sobre la pobreza y predican la culpa… del Estado. Su doble discurso no se justifica, pero se explica porque, por obediencia debida, deben acatar las consignas peronistas impuestas por su jefe, con rango de papa, señor Bergoglio, el monarca absoluto de un reino europeo que se entromete en los asuntos internos de una república.
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| Onganía: el Estado arrodillado |
Un buen comienzo para evitar más daños sería que el Estado suprimiera ese derroche de fondos públicos, como ocurre en los países civilizados, donde cada iglesia se las arregla con aportes de sus fieles. La norma constitucional, mientras subsista, podría cumplirse de algún modo que no pase de lo protocolar, sin gastos. Pero mejor sería modificar la Constitución, para que el Estado no sostenga a ninguna religión y sea plenamente laico, sin privilegios que violan garantías constitucionales importantes, como la de igualdad ante la ley. Algunos creen que hablaba en serio aquél ¿se acuerdan de él? que decía que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y los buenos cristianos seguramente apoyarán con cadenas de oración la noble causa de la separación de la religión y el Estado.